Al Ejecutivo, proyecto que eleva penas por homicidios


En manos del presidente Laurentino Nito Cortizo quedó el proyecto de ley 206, que busca aumentar las sanciones penales por homicidio para quien, culposamente, cause la muerte de una o varias personas y establece sanciones en temas de lesiones personales.

La propuesta, que modifica los artículos 133 y 139 del Código Penal, fue aprobada esta semana por el pleno de la Asamblea Nacional.

Por ejemplo, se indica que causar la muerte de una o varias personas, de manera irresponsable, se castigará con penas de cinco a ocho años de prisión. En la actualidad se castiga con  tres a seis años de cárcel. Mientras que será sancionado con pena de prisión de cuatro a ocho años quien culposamente, en un accidente de tránsito, lesione a una persona y le produzca incapacidad por más de sesenta días.

Aumentan penas para conductores irresponsables

Quien culposamente cause la muerte de una o varias personas y lesiones a otras será sancionado con penas de cinco a ocho años de prisión.

Así lo dispone el proyecto de ley 206, que modifica los artículos 133 y 139 del Código Penal, aprobado por la Asamblea Nacional.

En la actualidad, la pena por causar la muerte de otras personas de manera irresponsable es castigada con tres a seis años de prisión.

Cambios

Con la modificación al artículo 133 del Código Penal, además se establece que la pena de cinco hasta ocho años se aumentará hasta en dos terceras partes, dependiendo del caso. Por ejemplo, si el autor comete el hecho mientras conduce un vehículo y a la vez usa un teléfono celular o cualquier otro aparato de comunicación, y cuando el suceso ocurra por omisión a alguna medida del reglamento de tránsito.

También cuando el autor sea un conductor de transporte público, colectivo o selectivo, o de equipo de carga pesada, corrosiva e inflamable, y cuando el hecho ocurra por omisión o negligencia de las personas en quienes recaiga la obligación de garantizar las medidas de seguridad para los trabajadores y transeúntes en las áreas de construcción.

Cabe señalar que se sacó como agravante de esta pena cuando “el hecho es cometido por una persona mientras conduce un vehículo bajo los efectos de las bebidas alcohólicas, alucinógenas, o sustancias que de cualquier forma sean alteradoras de sus facultades psíquicas y/o fisiológicas”.

Esto, según explicó el diputado independiente Juan Diego Vásquez, se debió a que ese ya es un “agravante contemplado en el artículo 134” de la norma penal, el cual no fue modificado.

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre confirmó que a 8 mil 830 conductores se les sancionó por hablar por celular y a 7 mil 446 se les comprobó embriaguez, durante el 2020, pese a las restricciones de movilidad que mantiene el país. Ar

El artículo 134 señala que las sanciones establecidas en el 133 se aumentarán en la mitad de la pena cuando el hecho sea cometido en accidente de tránsito terrestre, aéreo o marítimo, y cuando, entre otras circunstancias, “el autor se encuentra en estado de embriaguez o bajo la influencia de droga ilícita”.

“Decidimos sacar ese agravante del 133, porque la pena es muy baja y queda siempre a discrecionalidad del juez. Queríamos que siempre el agravante de estar borracho sea hasta la mitad de la pena, por ende, si yo voy conduciendo y choco y mato a dos personas, la pena ahora será de cinco hasta ocho años [de prisión], más el agravante de la ebriedad, la pena sube a 12 años. Antes, la pena podía quedar en 10 [años]”, explicó Vásquez.

La propuesta, que pasó a manos del Ejecutivo para su respectiva sanción o veto, asimismo, plantea en los cambios hechos al artículo 139, que será sancionado con pena de prisión de cuatro a ocho años quien culposamente, en un accidente de tránsito, lesione a una persona y le produzca incapacidad por más de sesenta días.

Por ejemplo, esta sanción se daría cuando se opere el vehículo bajo los efectos de bebidas alcohólicas o drogas ilícitas. O si se está dentro de algunas de las circunstancias planteadas en el artículo 137 de la norma penal.

Reforma integral

Estos cambios a la norma penal también serán incluidos en la reforma integral que prepara una subcomisión de la Comisión de Gobierno, integrada por Vásquez y sus colegas, el perredista Roberto Ábrego y el panameñista Luis Ernesto Carles.

En ese sentido, Vásquez planteó que entre los temas que se buscan incluir a los códigos Penal y Procesal Penal están tipificar los delitos cibernéticos, acorde con las convenciones que el país ha firmado. Así como añadir los tipos penales de “grooming” y “sexting” para proteger a los niños, niñas y adolescentes, y a la población en general de estos delitos sexuales.

Además, se pretende flexibilizar las normas de conmutación de la pena para que las personas privadas de libertad tengan más beneficios al estudiar y así el Estado busque mayor éxito en la resocialización.

También se quiere aumentar las penas a ciertos delitos de corrupción, establecer su imprescriptibilidad y la inhabilitación definitiva, y revisar algunos temas procesales que luego de 10 años merecían una actualización.

La subcomisión también acogió el anteproyecto de ley que busca poner freno a los líderes de sectas religiosas. La propuesta plantea la modificación al artículo 88 (Capítulo VII) del Código Penal para que se establezca que son circunstancias agravantes y atenuantes el “actuar en nombre o como parte de un culto pretendidamente religioso”.



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