Cuando el uso de la fuerza se convierte en una amenaza para la democracia


El artículo 38 de la Constitución Política reconoce el derecho de los habitantes del país a realizar manifestaciones públicas sin necesidad de pedir permiso a autoridad alguna. Ese mismo artículo establece que las autoridades podrán tomar medidas “… de Policía para prevenir abusos en el ejercicio de este derecho…”.

En el caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reiteró la interpretación del uso de la fuerza por parte del Estado contra manifestaciones ciudadanas, diciendo que: “…la observancia de las medidas de actuación en caso que resulte imperioso el uso de la fuerza impone satisfacer los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, en los términos siguientes :

Legalidad: el uso de la fuerza debe estar dirigido a lograr un objetivo legítimo, debiendo existir un marco regulatorio que contemple la forma de actuación en dicha situación.

Absoluta necesidad: el uso de la fuerza debe limitarse a la inexistencia o falta de disponibilidad de otros medios para tutelar la vida e integridad de la persona o situación que pretende proteger, de conformidad con las circunstancias del caso.

Proporcionalidad: los medios y el método empleados deben ser acordes con la resistencia ofrecida y el peligro existente. Así, los agentes deben aplicar un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza, determinando el grado de cooperación, resistencia o agresión de parte del sujeto al cual se pretende intervenir y con ello, emplear tácticas de negociación, control o uso de fuerza, según corresponda”.

El anterior es el criterio vinculante en materia de Derecho Internacional de los Derechos Humanos respecto al uso de la fuerza en las acciones de represión de manifestaciones civiles por parte de los distintos cuerpos de seguridad.

El problema institucional de la Policía

La Ley 18 del 3 de junio de 1997 es la que regula a la Policía Nacional. Desde su diseño, esta norma dificulta la rendición de cuentas por abusos cometidos en el ejercicio del cargo de los policías, porque establece la responsabilidad de la propia institución de investigar a sus miembros, y en los artículos 127 y 128 se establecieron prerrogativas especiales para los agentes de policía en materia judicial, llegando a reconocer que las penas por delitos culposos, por actos efectuados en el servicio, se deben cumplir en el propio cuartel de policía.

La capacitación, formación y supervisión de los agentes de policía ha variado en el tiempo, y se ha incrementado la incorporación de prácticas castrenses en su seno.

Adicionalmente, por la forma en que está organizada la Policía Nacional, la rotación y traslados de los agentes de policía les impide profundizar su pericia y aumentar su experiencia en una temática, porque son destinados a tareas distintas. Así, un policía de tránsito pasa a labores de seguridad en el sistema penitenciario, o un capitán con experiencia en combatir la delincuencia en San Miguelito es trasladado a Veraguas.

Empeora este panorama el hecho de que ha sido usual que frente a manifestaciones multitudinarias se incorporen a la tarea de control y represión de las protestas a miembros de otros cuerpos de seguridad que no tienen la misma formación que la Policía, como fue en el caso de las protestas contra la “Ley Chorizo” en Changuinola, del 8 al 13 de julio del 2010, que dejaron unos 300 detenidos y un saldo de decenas de heridos y fallecidos.

El horizonte de la relación entre Estado y seguridad ciudadana se ha puesto mucho más delicado en tiempos recientes, con la creación de grupos híbridos conformadas por la Policía Nacional, el Servicio de Protección Institucional, el Servicio Nacional de Fronteras y el Servicio Nacional Aeronaval, que han participado conjuntamente en la Fuerza de Tareas Águila desde 2017 y que fue sustituida, para los mismos fines, por la Fuerza Alfa en 2019, durante los primeros meses de la administración del presidente Laurentino Cortizo.

Según explicó a La Prensa en 2019 el director general de la Policía Nacional, Jorge Miranda, “la Fuerza Alfa lo que hace es que retoma la parte buena de la Fuerza Águila: la interviene, la estructura y la restablece como una fuerza permanente, que debe actuar de manera coordinada con la Policía, pero presentándose de una forma más robusta ante la comunidad”.

Pandemia y policía: una mezcla inflamable

Desde que en marzo pasado se declaró la crisis sanitaria por la Covid-19, la Policía Nacional se ha convertido en el principal brazo ejecutor de las medidas restrictivas de la libertad de tránsito, de reunión y de residencia.

La ambigüedad de las normas emitidas por el Órgano Ejecutivo y la ausencia de una declaratoria de un estado de urgencia, como lo establece la Constitución Política, ha obligado a la Policía Nacional a interpretar, en muchas ocasiones de forma arbitraria, las ordenanzas y prohibiciones sanitarias.

Al comienzo de la pandemia, la selectividad y arbitrariedad en la distribución del bono solidario, bolsas de comida y otras ayudas, junto con los escándalos de contrataciones polémicas como el hospital modular o los ventiladores con sobreprecio, exacerbaron la molestia ciudadana.

A su vez, la tolerancia especial de las autoridades con eventos y reuniones de personeros del gobierno en restaurantes como Jimmy´s y La Fragata, entre otros, caldeó los ánimos de la población. Las protestas y manifestaciones resultantes sometieron a la Policía Nacional a una mayor presión para la cual no estaba preparada.

Con incidentes como la agresión contra un vendedor de pescado en Colón, la acción contra una joven que paseaba un perro y la creciente forma agresiva en que se reprimían reuniones sociales, puso a la Policía Nacional en evidencia.

Una tendencia preocupante de la reacción policial a las protestas es el ensañamiento con los periodistas. Así, el 13 de agosto de este año el periodista Mauricio Valenzuela, de Foco Panamá, fue detenido en la protesta de jóvenes contra las medidas gubernamentales de la cuarentena. El 29 de octubre, el periodista Juan Alberto Cajar, de La Estrella de Panamá, fue detenido cuando realizaba una cobertura de una protesta en la Plaza 5 de Mayo. Cajar no participaba de la protesta y se identificó como periodista, no obstante fue detenido.

Finalmente, el pasado 16 de diciembre el corresponsal de EFE Bienvenido Velasco fue agredido por la Policía Nacional cuando hacía la cobertura de las protestas juveniles. Todo parece indicar que hay un patrón de persecución contra los comunicadores sociales.

En esa protesta del 16 de diciembre, en la que la activista Ileana Corea fue agredida salvajemente por una agente de la Policía Nacional mientras era sujetada por al menos otro agente, no solo se rompió con un tabú del comportamiento policiaco, sino que se encendieron las alarmas sobre muchas otras conductas. Esa agresión recordó la sufrida por el doctor Miguel Antonio Bernal el 19 de diciembre de 1979, cuando frente a la iglesia Don Bosco se iniciaba una protesta contra la dictadura militar.

Una de las banderas rojas que levanta la agresión contra la activista Ileana Corea fue la campaña de redes sociales en su contra, sobre todo con un video editado que pretendía demostrar que la joven universitaria era buscapleitos y practicaba formas de agresión física. Esto no solo es parte de una campaña no muy sutil de manejo de crisis, sino que también fue un indicio de una posible operación de inteligencia en contra de la activista.

La necesaria reforma de la Policía Nacional

El director de la Policía, Jorge Miranda, ha demostrado en su mandato de 18 meses que no es el funcionario más apto para la tarea de preservar el orden público en medio de esta crisis sanitaria.

Durante su mandato se dio la matanza de La Joyita, por la que no se sancionó a policía alguno. Igualmente, la fuga del asesino múltiple Gilberto Ventura Ceballos, que desencadenó la renuncia de dos ministros de Estado, pero ningún cambio en la Policía Nacional.

Más recientemente, el comportamiento de Miranda frente a las acciones de represión ciudadana causan profundas dudas sobre la disposición de la cabeza de la Policía Nacional a asumir las responsabilidades y la rendición de cuentas, por las actuaciones abusivas de su organización.

Más allá del necesario cambio de jefatura de la Policía Nacional, es urgente la reforma legal de la organización para promover su profesionalización, proteger a los buenos policías, apartar a los agentes y oficiales corruptos o abusivos y restablecer el control civil sobre este cuerpo de seguridad pública.

La era de que la policía investiga, sanciona y acuartela a policías, incluso los condenados por delitos, debe acabarse.



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