Denuncian irregularidades en la asistencia sanitaria que ofrece la Embajada de España en Venezuela


Embajada de España

En 2006, la Embajada de España en Venezuela creó la Fundación España Salud (FES) para dar atención sanitaria y asistencial a las familias españolas residentes en el país que sufren dificultades económicas. Sin embargo, durante los últimos meses muchos ciudadanos han denunciado irregularidades al momento de ser atendidos por alguna eventualidad médica.

La Fundación ha recibido durante los últimos años más de 20 millones de euros del gobierno español, a los que hay que sumar las inyecciones económicas que recibe de los Ejecutivos regionales de Galicia, Canarias y Asturias.

Hace dos años, la FES invirtió 6,2 millones en comprar su nueva sede en Caracas con la promesa de ofrecer un mejor servicio a sus ciudadanos. Pero, la adquisición del edificio se vio envuelta en un escándalo, pues un Tribunal de Cuentas señaló que para estas inversiones la entidad especuló con dólares en el mercado paralelo.

«Ni un euro más»

Gabby Baldissera, que tiene nacionalidad española porque su madre que nació en Pontevedra, contó al diario El Español que cuando comenzaron a recibir ayuda de la FES se sintieron aliviadas, pero con el tiempo la situación se convirtió en una pesadilla.

La madre de Baldissera enfermó hace dos años. Con ayuda de la FES, le realizaron estudios en entidades privadas de Caracas que arrojaron que la mujer padecía de un tumor maligno.

La fundación, que depende de la Embajada de España en Caracas, se hizo cargo de las primeras sesiones de quimioterapia y radioterapia, y del primer traslado en ambulancia al lugar donde se realizaría los tratamientos.

Cuando su madre debía someterse a la tercera sesión de quimioterapia, la doctora Rosa da Silva de la FES convocó a Baldissera para comunicarle que la fundación no iba a pagar ni un euro más de su tratamiento.

«Me dijo que la Fundación ya se había gastado 293 millones de bolívares en mi madre, y que para qué tanto si se iba a morir de todas formas», relató.

«Como protesté por esta decisión, la doctora llamó al servicio de seguridad para que me echara de su despacho, su trato fue absolutamente cruel. Los vigilantes mostraron conmigo mucho más corazón y humanidad que ella», agregó.

Desde entonces, la Fundación retiró a la madre de Baldissera la ayuda para el tratamiento médico, cuyo precio por sesión es de 600 dólares. También le retiraron los beneficios para medicamentos y tarjetas de alimentos. La madre de Gabby falleció finalmente en marzo de 2020, a los 63 años de edad.

Presunta falta de presupuesto

Marisa Vidal también recibió la ayuda de la FES para operar de cataratas a su madre, nacida en Oviedo.

La fundación controlada por la embajada pagó la intervención quirúrgica del ojo derecho y luego le encargó las pruebas de preoperatorio para operarle del izquierdo, en el que ha perdido 90% de visión.

El día antes de la operación, le comunicaron que la intervención sería suspendida a causa del covid.

Desde entonces Vidal se ha comunicado en repetidas ocasiones para reprogramar la cirugía pero le comunicaron que las operaciones electivas han quedado anuladas por falta de presupuesto.

«La FES nos ha cerrado la puerta en la cara», denunció.

No acatan la decisión judicial

Manuel López, un gallego de 50 años que reside en Venezuela desde hace varias décadas, necesita implantarse un resincronizador cardíaco (un dispositivo similar a un marcapasos), pero la Fundación España Salud (FES) le retiró en 2020 la ayuda médica que le había concedido.

López recurrió a los tribunales españoles y consiguió que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) le reconociera, en una cautelarísima dictada el pasado 7 de abril, el derecho a recibir de la FES «la atención sanitaria precisa para, en su caso y de resultar preciso por indicación médica, proceder a llevar a cabo el implante prescrito de resincronizador-desfibrilador de preferencia antiRMN».

La FES señaló en un correo electrónico del 1 de junio que es una institución venezolana de derecho privado, por lo que las decisiones de los tribunales españoles no les son vinculantes.

Señalaron que se harían cargo del pago de las consultas médicas y exámenes paraclínicos, pero López aún no ha logrado que la FES se haga cargo de la implantación de su resincronizador cardíaco.

La Fundación creada y controlada por la Embajada de España en Venezuela alega que no está sometida a las decisiones de los tribunales españoles. Pero, cabe destacar, que la entidad recibe 100% de sus ingresos de las Administraciones públicas españolas (el gobierno central y tres Ejecutivos autonómicos).

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