Deuda registra mayor alza durante gestión de Cortizo


El manejo de las finanzas públicas fue uno de los principales focos en las dos últimas transiciones de administraciones gubernamentales.

Aumentos sustanciales del endeudamiento público, pagos heredados de obras ya ejecutadas o cuentas arrastradas por años y sin registrar debidamente son algunos de los reproches que se dedicaron los gobiernos entrantes a sus predecesores.

Un año y medio después de su toma de posesión, el presidente Laurentino Cortizo centró una parte de su discurso del pasado 2 de enero en la Asamblea Nacional en reclamar a las pasadas administraciones por el manejo de las finanzas públicas, y las acusó de haber triplicado el saldo de la deuda, para superar los $30,000 millones.

El dato preciso es que al término de la administración de Juan Carlos Varela, al 30 de junio de 2019, el saldo de la deuda del sector público no financiero era de $26,612.4 millones. Cortizo atribuyó además a la pasada administración el déficit fiscal de $2,317 millones con que recibió el Gobierno en junio de 2019; $1,836 millones en cuentas por pagar a proveedores y contratistas; así como bonos emitidos por administraciones anteriores por $1,155 millones. Compromisos que sumaban $5,308 millones.

Consultado al respecto, el economista Felipe Argote dijo que por muy deteriorada que hayas recibido la economía del gobierno anterior, eso no da derecho a empeorarla.

A pesar de los cuestionamientos sobre las deudas a proveedores, este Gobierno también acumula atrasos.

Desde el sector hotelero, por ejemplo, señalaron ayer que se mantienen deudas en el pago de las habitaciones que se están usando para pacientes con Covid-19. Y desde el sector construcción apuntaron que aunque se han saldado algunas cuentas atrasadas, los pagos se hacen muy lentamente.

Jean-Pierre Leignadier, presidente de la Cámara de Comercio Industrias y Agricultura, dijo ayer que el monto adeudado a proveedores es una cifra dinámica y que en diciembre se hicieron algunos pagos, entre ellos a los supermercados que participan en el programa de Vale Digital, pero que de igual forma se van generando cuentas cada mes y que esperan que con el nuevo año fiscal los pagos se agilicen.

Cortizo se refirió a que tuvieron que cancelar bonos emitidos en la pasadas administraciones, algo que es habitual en la gestión de un Gobierno, ya que hay deuda que se contrata a largo plazo y su vencimiento se produce en otras administraciones. Esa será una herencia que también dejará el Gobierno de Cortizo. Por ejemplo, la emisión de bonos efectuada por esta administración en marzo de 2020 por $2,500 millones vencerá en 2056.

Y en una triple operación efectuada en septiembre se colocó deuda con vencimientos en 2026, 2032 y 2060.

La llegada de la pandemia del nuevo coronavirus y el consiguiente cierre de actividades provocó una fuerte caída de ingresos, estimada en unos $3,000 millones, que se compensó con la contratación de más deuda.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha gestionado recursos de crédito por $7,776 millones, dijo Cortizo, para balancear esa brecha en los ingresos y cubrir en parte los gastos del Gobierno.

Entre las emisiones efectuadas en la segunda mitad de 2019 y en 2020, el resultado es un aumento sustancial de la deuda. Según informes de la Dirección de Financiamiento Público, entre el 30 de junio de 2019, el día antes de asumir el gobierno, y el pasado 30 de noviembre, fecha del último dato disponible, el saldo de la deuda se elevó en $9,473 millones, al pasar de $26,612 millones a $36,085 millones.

El salto de la deuda supera al que se produjo en los cincos años de gestión de los presidentes Juan Carlos Varela (julio 2014-junio 2019) y de Ricardo Martinlli (julio 2009- junio 2014).

Además, según una relación de préstamos y emisiones para contrarrestar la pandemia compartida por el MEF el pasado 16 de diciembre, en ese momento había $1,382 millones pendientes de desembolso. A medida que el país vaya recibiendo esos fondos el saldo de la deuda crecerá, mientras que cuando se efectúen pagos de títulos de deuda o bonos que venzan, incidirá a la baja en el saldo de la deuda.

La Prensa consultó ayer al MEF sobre si se había producido algún desembolso o pago de deuda importante desde el pasado 16 de diciembre pero al cierre de esta edición no se había recibido respuesta.

El saldo de la deuda ha aumentado en el primer año y medio de gestión de Cortizo, y, en principio, lo seguirá haciendo este ejercicio y los próximos, ya que el Ejecutivo se dio mayor espacio para el déficit fiscal de cada año en una reforma a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, y esos déficits deberán ser compensados con deuda.

Analistas locales y organismos internacionales coinciden en que una de las pocas salidas que tenía Panamá en esta crisis era el endeudamiento. Los cuestionamientos se centran en la utilización de los fondos.

Para Argote, “en esta época de crisis no puedes decir que no te endeudes, pero para qué lo haces, para seguir pagando planilla, influencers, asesores, o personal que trabaja poco”.

Por su parte, Leignadier señaló que hubo un manejo irresponsable de la deuda en los últimos años, que en muchos casos se usó para financiar proyectos que estuvieron rodeados de casos de corrupción, y eso dejó al país más vulnerable para una situación como la actual.

Sobre esta administración, el presidente de la Cámara dijo que se ha accedido a deuda para atender las necesidades de salud generadas por la crisis, pero también para pagar gasto operativo, incluyendo una planilla que no ha bajado, mientras se aprecia poco apoyo a la pequeña empresas y sus colaboradores suspendidos.

Según la Contraloría General de la República, el gasto en planilla hasta agosto de 2020 fue de $2,919 millones, un 6.4% más que en el mismo periodo de 2019.

Para Argote, la deuda se podría usar para un plan más agresivo de inversiones públicas, que habría generado trabajos, ingresos al Estado e impulso para el producto interno bruto, desacelerando la relación entre la deuda y el tamaño de la economía.

Al contrario de lo que sucedió en administraciones anteriores, el aumento de la deuda coincide ahora con una fuerte contracción de la economía, y por lo tanto se elevará considerablemente la relación entre la deuda y el PIB, que pasará de un 46.4% al cierre de 2019 a una cifra que podría superar el 60% en 2020.

El aumento de la deuda de los últimos años ha elevado el gasto de intereses, limitando la capacidad de gasto público para otro tipo de iniciativas, uno de los motivos que llevó a la agencia S&P Global Ratings a rebajar la calificación de riesgo del país en noviembre.



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