Diputados intentan avanzar con proyecto de salud mental


Una vez más, el proyecto de ley 314, “que establece políticas públicas de salud mental”, será discutido en segundo debate en la Asamblea Nacional.

Psicólogos y psiquiatras del país discrepan sobre la emisión de certificados de salud mental, particularmente sobre quién es el profesional idóneo para esta tarea. No obstante, todas las partes parecen coincidir en que el proyecto de ley es valioso y necesario.

La propuesta original y las objeciones

Inicialmente presentado el 14 abril de 2020 por los diputados de la bancada independiente Gabriel Silva y Raúl Fernández, junto al diputado del Partido Panameñista Bernardino González, la iniciativa legislativa ya fue parcialmente objetada por el Órgano Ejecutivo en octubre de 2020.

El proyecto inicial era menos ambicioso de lo que hoy se discute en la Asamblea en cuanto a propuesta de política pública en materia de salud mental.

Una vez prohijado y elevado a primer debate -la primera de dos veces-, en abril de 2020, los diputados proponentes optaron por ampliar el alcance del mismo para intentar darle más peso a la legislación.

Se reunieron con distintos sectores y, finalmente, el 21 de septiembre 2020, según lo publicado en el sitio web de la Asamblea Nacional, se le dio segundo debate en el pleno. Esa versión del proyecto, más amplia, incluía el artículo 17, causante de la actual polémica.

La propuesta inicial de este artículo buscaba prohibir los certificados de salud mental como requisito para trabajos o plazas de estudio. El argumento, contó Silva, era no usar estos documentos como posibles instrumentos de discriminación contra personas que padecen alguna condición de salud mental.

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, vetó cinco de los 22 artículos de la legislación aprobada. Entre ellos, el 17. La sustentación del veto detalla que no se puede prohibir la solicitud de los certificados, pues estos “constituyen una herramienta de gran valor para evitar situaciones de riesgo”. La sustentación enviada por el Ejecutivo a la AN manifiesta que el certificado “debe ser expedido por personal idóneo”, mas no lo limita a psiquiatras.

Al regresar el proyecto de ley a la Asamblea, se hicieron los cambios pertinentes a los artículos vetados. Según el informe, el Ministerio de Salud (Minsa) propuso la nueva redacción del artículo para detallar que “en todos los casos” las certificaciones “serán hechas por psiquiatras idóneos del sistema público y privado”.

Existe consenso sobre la importancia del proyecto

Christian Tejeira, presidente de la Asociación Panameña de Psicólogos, explicó a La Prensa que la adición de este artículo los excluye como parte del recurso humano profesional en salud mental. Argumenta que la redacción da a entender “como si nosotros no tuviéramos competencia profesional para la evaluación”.

Tejeira sostiene que las “evaluaciones psicológicas son predictores de una patalogía o un comportamiento”. Manifestó, además, que los psicólogos son personal idóneo de salud mental.

Por su lado, Francisco Mata, médico psiquiatra y presidente de la Sociedad Panameña de Psiquiatría, asegura que hay que tomar en cuenta “que certificar la salud mental implica la evaluación de aspectos biológicos, psicológicos y sociales”. Mata manifestó a La Prensa que abogan para que “la certificación sea hecha por alguien con formación médica”.

No obstante, ambos, Tejeira y Mata, coinciden en que el proyecto de ley es positivo para avanzar en materia de salud mental.

Por su parte, Silva, uno de los diputados proponentes, sostiene que el proyecto busca “subir el nivel e invertir” en salud mental en el país Asegura que el contenido del proyecto ha sido consensuado para impulsar verdaderos cambios en salud pública. Coincide con el gremio de psicólogos que el artículo es “excluyente”. Así lo manifestó durante su intervención en el pleno de la Asamblea el pasado 11 de febrero. Por ende, su propuesta es eliminar el artículo en cuestión para que se pueda avanzar con el proyecto de ley y sea sancionado por el Ejecutivo.

La Asamblea tiene previsto darle segundo debate, una vez más, a este proyecto la semana entrante.



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