Ejecutivo reglamenta ley del régimen de APP


El Ministerio de la Presidencia reglamentó a través del Decreto Ejecutivo 840 del pasado 31 de diciembre de 2020 la ley que creó el régimen de Asociación Público-Privada (APP).

La reglamentación se hace efectiva más de un año y tres meses después de la promulgación de la ley.

A través del régimen de APP, el Gobierno aspira a ejecutar obras de interés público con la participación del sector privado, toda vez que las finanzas públicas se han visto muy afectadas por la pandemia del nuevo coronavirus.

El Gobierno ha señalado que en la primera fase de proyectos se planean inversiones por más de $1,500 millones, que implicarían la creación de 10,000 puestos de trabajo directos e indirectos.

En su discurso a la nación del pasado 2 de enero, el presidente Laurentino Cortizo señaló que se analiza el mecanismo de APP para un programa de mantenimiento de 2,000 kilómetros de carreteras; el primer tramo de la carretera de Chepo-Cañita-Agua Fría-Yaviza, con una longitud de 247 kilómetros; la carretera que conecta los distritos de Arraiján y La Chorrera, conocida como “vía costanera”; y el Corredor Norte de David.

En la fase técnica de la creación de este régimen han acompañado al gobierno entidades internacionales como el Banco Mundial, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El Decreto Ejecutivo 840, promulgado ayer en la Gaceta Oficial, señala que podrán ejecutarse bajo esta figura proyectos en áreas como transporte y logística, energía, comunicaciones, riego, infraestructura urbana en general, edificaciones públicas, vivienda social, infraestructura para servicios de esparcimiento, recreación u ocio, recolección y/o tratamiento de basura, desarrollo agrícola, administración y gestión de bienes patrimoniales o públicos del Estado.

Por su parte, quedan excluidos de la posibilidad de estructurarse bajo esta figura la prestación de servicios de seguridad pública, salud médica, educación oficial, según establece la ley. “No obstante, la provisión de infraestructuras y equipamientos, así como actividades de reposición, conservación y mantenimiento, sí podrán ser objeto de un contrato de APP en tales sectores”, señala la reglamentación.

En términos generales el valor de los contratos de APP serán superiores a los $15 millones, aunque la normativa abre la puerta para que los municipios puedan firmar contratos por un monto inferior.

El Gobierno señaló que “sólo podrán realizarse proyectos cuando el análisis del informe técnico requerido por la Ley 93 demuestre los beneficios de los mismos, que deberán estar alineados con el plan estratégico de gobierno, el plan quinquenal de inversiones y los elementos de elegibilidad y aprobación de proyectos de APP definidos en la Ley 93 y su reglamento”.

Habitualmente, en este tipo de esquemas la empresa que gana el contrato hace la inversión inicial del proyecto y luego recobra lo invertido a través de una tarifa que pagan los usuarios, que en ocasiones es complementado con un pago del Gobierno a través del llamado peaje sombra.



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