El dilatado camino del registro de beneficiarios


Dentro de las reformas propuestas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en materia de transparencia fiscal internacional y prevención de blanqueo de capitales se encuentran varias modificaciones a la Ley 129 de 2020, que crea el registro único y privado de beneficiarios finales.

La norma se promulgó en marzo de 2020, pero después de un año no se ha puesto en práctica, puesto que el registro de beneficiarios no se ha creado, al tiempo que se empiezan a gestionar reformas.

Un análisis efectuado por el abogado Carlos Barsallo, presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana – Capítulo Panameño de Transparencia Internacional, señala que se estarían cambiando 11 artículos de una ley que consta de 30, lo que, a su juicio, induce a creer que cuando se aprobó originalmente la norma no estuvo bien pensada.

El registro no se ha creado en más de un año de vigencia de la ley y los cambios a la misma se presentaron a la Asamblea Nacional en la última semana de sesiones del pasado periodo legislativo, que concluyó la semana pasada, por lo que el recorrido de esta propuesta por los tres debates parlamentarios deberá comenzar en julio.

La ley vigente señala que una vez creado el sistema, los agentes residentes deberán proceder con el registro de la información de las sociedades a las que prestan servicios. Esto se hará dentro de los seis meses siguientes a la notificación efectuada por la Superintendencia de Sujetos No Financieros en medios de circulación nacional. Barsallo dijo que ese plazo no se ha cambiado y seguimos sin conocer la situación de la parte operativa de la armada de la base de datos.

Teniendo en cuenta estos plazos, Barsallo apunta ya a 2022 como la fecha en la que el registro podría tener cierto volumen de información.

La creación del registro de beneficiarios es una de las mediadas adoptadas por Panamá para mejorar el régimen de prevención contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.

Una de las deficiencias detectadas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) tiene que ver con la capacidad de asegurar información actualizada sobre beneficiarios finales y el acceso a la misma de autoridades competentes, estableciendo mecanismos efectivos para monitorear las actividades en entidades offshore o extraterritoriales.

El GAFI no pide la creación como tal de un registro, pero sí el cumplimiento de esta recomendación. Esta es una de las tareas que aún tiene pendientes Panamá para salir de la lista gris. En la última revisión de febrero, el organismo recordó que los plazos del plan de acción habían vencido e instó a Panamá a abordar las deficiencias tan pronto como sea posible.

Barsallo señaló que este proyecto se presentará en las próximas reuniones con el GAFI, pero dudó de que vaya a tener por el momento un efecto positivo en el objetivo de salir de la lista. Dijo que el proyecto ahora debe pasar por la Asamblea y por lo tanto por un proceso más amplio de consultas, pero cuestionó que se dejara su presentación para los instantes finales de la legislatura, “porque no es prioridad”.

Uno de los cambios propuestos por el MEF es que la Dirección General de Ingresos (DGI) sea una de las autoridades competentes que podría requerir información del registro. Barsallo echa en falta entre las autoridades competentes al Órgano Judicial y a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Dijo que si en un proceso de contratación pública la DGCP quisiera verificar la información sobre los beneficiarios finales de los licitantes en un acto público no podría hacerlo.

Otro cambio sustancial que establece la ley tiene que ver con las sanciones. Tanto para infracciones a la ley 129 de registro de beneficiarios finales como en la Ley 23 de 2015, que estableció el régimen general para prevenir el blanqueo de capitales, se están proponiendo sanciones de hasta $5 millones.

Al respecto, el abogado Ramón Anzola, director de la Asociación de Abogados Internacionales, dijo que las sanciones tienen que ser disuasivas, pero también proporcionales y que en este caso estarían fuera de proporción de acuerdo a las capacidades de los sujetos obligados.

Anzola también cuestionó que se proponga retirar un párrafo de la ley que decía que el agente residente debía realizar debidas diligencias para el cumplimiento de la ley, pero que no sería responsable por la veracidad de la información. Mientras, ese mismo artículo sí exime a la entidad que administra del registro de responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de la información.



MÁS INFORMACIÓN

SiteLock
Facebook
A %d blogueros les gusta esto: