El Estado le ha fallado a la niñez


La pandemia no solo ha traído problemas socioeconómicos de gran magnitud a nuestro país, sino que ha puesto de manifiesto las debilidades estructurales del Estado. El escándalo ocurrido en algunos albergues en detrimento de la niñez, es la gota que derramó el vaso. La indignación de un país entero, requiere de respuestas inmediatas:

1. Tener certeza que las víctimas recibirán la atención médica y psicológica por el tiempo que sea necesario y que se encuentran en un lugar que garantiza su protección.

2. Castigo ejemplar a quienes cometieron los delitos y para quienes debieron supervisar y garantizar que los albergues cumplieran las normas.

3. Transparencia en todo lo relacionado a este hallazgo.

4. Garantizar que se establezcan regulaciones para que esto no vuelva jamás a suceder.

El Estado le ha fallado y le volvió a fallar a la niñez. Es su responsabilidad garantizar que la justicia se ejerza de forma oportuna y contundente y que los niños, niñas y adolescentes (NNA) que fueron vejados, sean debidamente protegidos.

Los NNA retirados de sus hogares por condiciones de vulneración de sus derechos o por cualquier otro motivo son enviados a albergues por el Órgano Judicial y la Senniaf. Entonces, cómo es que no le dan seguimiento con las supervisiones adecuadas, cómo es que no exigen que se cumplan los protocolos de atención. Tampoco podemos olvidar que hay otras instancias como la Defensoría del Pueblo, el Órgano Judicial y la Asamblea Nacional que también tienen una deuda con los NNA. Aquí hay una corresponsabilidad.

En el momento que un NNA está en riesgo se requiere una intervención con un protocolo centrado en el menor como sujeto de derecho, para que sea atendido de forma integral e inmediata.

Es imperante que se discuta urgentemente la puesta en marcha de un Sistema de Garantía y Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, que se revisen las leyes vigentes y que den cabida a familias de acogida para que estos NNA no sean institucionalizados, sino que estén en hogares temporales que les brinden afecto y atención.

Se debe reforzar la Senniaf y el Mides con los recursos técnicos y el presupuesto adecuado para garantizar el buen funcionamiento de todos los programas, no sólo los de albergues. Son imperantes las buenas prácticas de gobierno, que garanticen independencia y transparencia. Que se nombren profesionales idóneos y no miembros del partido de turno que no tienen la preparación, las capacidades, ni el interés en trabajar por el bien de la población vulnerable.

Este escándalo ha dado pie para que personas que no están familiarizadas con la labor de las organizaciones sin fines de lucro hayan querido desprestigiar al sector, generalizando opiniones en donde señalan que todas las ONG tienen conductas cuestionables. Cuando desde el sector constantemente hemos abogado por que se cumplan las leyes, por la transparencia y por la justicia.

En Panamá existe un número importante de organizaciones serias que trabajan para suplir necesidades que el Estado no brinda de forma integral a la población vulnerable y benefician a miles de ciudadanos. Estas organizaciones antes y durante la pandemia, han estado trabajando para llevar alimentos a los más necesitados, aportando para mejorar la calidad de la educación, recolectando sangre para los hospitales públicos, entregando sillas de ruedas a las personas con discapacidad, dando soporte psicológico, oportunidades de superación a jóvenes, procurando medicamentos a personas con enfermedades crónicas, apoyando al Minsa en la pandemia …la lista es larga. Lo hacen gracias a donaciones privadas, a actividades de recolección de fondos y al respaldo de miles de voluntarios comprometidos. Es injusto y desalentador generalizar y satanizar al sector, cuando tan siquiera se

han revelado los nombres de las instituciones involucradas en el escándalo en cuestión cayendo en la trampa del rejuego político.

Exigimos como gremio que no desvíen la atención del problema central, que es abogar por un Sistema de Garantías y Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia cuya esencia es enaltecer al NNA como un sujeto de derecho, procurar justicia oportuna, y regular el otorgamiento de los subsidios, para que se den en base a servicios de calidad, medibles y con rendición de cuentas.

Ojalá que de esta crisis se den los cambios profundos que se requieren para fortalecer las estructuras legales e institucionales del Estado para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes.

Las autoras son presidente y vice presidente de la Cámara Panameña de Desarrollo Social



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