El hospital modular atendió a 852 pacientes en nueve meses de pandemia


Un total de 852 pacientes con la enfermedad Covid-19 ingresaron al Hospital Integrado Panamá Solidario —conocido como hospital modular—, ubicado en Albrook, corregimiento de Ancón, entre marzo y diciembre de 2020.

Así lo indica un informe del departamento de Registros y Estadísticas del Ministerio de Salud (Minsa), en el que se detalla que el 74% de los pacientes (647) regresó a sus hogares, 8% (38) fue enviado a hoteles-hospitales y 6% (57) fue trasladado a otra institución de salud. Un 12% (110 ) de las personas murió.

El documento detalla que fallecieron 16 personas en julio, 39 en agosto, 11 en septiembre, 10 en octubre, 21 en noviembre, y 13 hasta el pasado 30 de diciembre.

Este hospital cuenta con 100 camas, divididas en 80 de sala y 20 para cuidados intensivos; también dispone de tomografía y radiología convencional para darle el seguimiento a los pacientes que lo ameriten.

En medio de cuestionamientos, el 16 de abril de 2020 el Minsa recibió las llaves de este hospital, construido en un mes por la sociedad SmartBrix Centroamérica, con la que el Ministerio de Obras Públicas pactó un contrato de $6.9 millones. Sin embargo, el contrato del Hospital Integrado Panamá Solidario fue aprobado en septiembre, cinco meses después, tras concluir un supuesto periodo de consulta ciudadana sobre la obra —que no lo establece la ley—, propuesto y desarrollado por la Contraloría General de la República.

Después de más de mil 255 horas hombre aportadas por más de 32 expertos idóneos que acumulan más de 500 años de experiencia profesional se estableció categóricamente que el valor del Contrato No. AUL-2-07-2020, es justo y razonable, pues el precio acordado entre las partes está por debajo del rango medio entre el mínimo determinado por esta institución y el máximo posible en la industria de la construcción”, destacó un comunicado de la Contraloría.

El refrendo se dio a pesar de que el análisis de los montos por parte de la propia Contraloría detectó un posible sobrecosto de más de medio millón de dólares, y de que organizaciones de la sociedad cuestionaron el proceso y pidieron a la entidad no avalar el contrato.



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