El principio de no devolución


El pasado 24 de enero de 2021 se produjo un confuso y lamentable incidente en el aeropuerto internacional de Tocumen. Terrance y Richardson, una pareja gay de jamaiquinos, fueron objeto de un trámite de deportación con destino a Jamaica, el cual se había iniciado en México. Las particularidades del caso todavía no están muy claras, sin embargo es conocido por muchos que esta pareja había solicitado asilo ante las autoridades mexicanas y, subsecuentemente, ante las panameñas. Dicha solicitud de asilo activó una protección fundamental del derecho internacional de refugiados: el principio de no devolución. En tal sentido y en base a la información que se maneja, se puede afirmar que Panamá, en este caso, violentó esta norma fundamental e imperativa del derecho internacional, comprometiendo así la responsabilidad internacional del Estado.

La expresión no devolución o non refoulement tiene su origen en el verbo francés “refouler”, que implica devolver, rechazar o repeler. La devolución, en materia migratoria, es un proceso de reconducción sumaria a la frontera o al territorio de origen, de aquellas personas que se descubre han entrado de forma irregular al territorio de un Estado, así como su rechazo sumario y no admisión cuando éstas no posean documentos válidos.

Tal y como lo dispone el artículo 33 de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, el principio de no devolución consiste en que “Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas”. Esta protección también se le extiende, según el derecho internacional consuetudinario, a los solicitantes de asilo (aquellos que aspiran al estatuto de refugiados) y así lo ha reconocido Panamá en su derecho interno a través del artículo 7 del Decreto Ejecutivo No. 5 de 2018 (D.E. 5). La norma panameña va incluso más allá al establecer que el principio de no devolución aplicará y será respetado desde el momento en que la persona manifieste de forma oral o escrita ante la autoridad receptora primaria, su intención de formalizar una solicitud de la condición de refugiado.

El principio de no devolución no impone al Estado la obligación de otorgar asilo a quienes así lo soliciten. Este principio solamente prohíbe medidas que causen que el refugiado o solicitante de asilo sea devuelto a quienes le persiguen. Al ser una obligación redactada en términos negativos, limita, pero no cuestiona, la prerrogativa usual de los Estados de regular la entrada de extranjeros a su territorio. Es decir que el principio de no devolución obliga, en este caso, a Panamá a tramitar la solicitud de asilo de quienes así lo soliciten (la pareja jamaiquina) y hasta tanto no se resuelva dicha solicitud, Panamá debe abstenerse de devolverlos a quienes les persiguen (Jamaica).

A la fecha, se desconocen las razones por las cuales se violentó, en este caso particular, el principio de no devolución. En tal sentido, es importante que nuestras autoridades se refieran al contenido del artículo 10 del D.E. 5, que establece la obligación de “respetar y garantizar los derechos de los solicitantes de la condición de refugiado y refugiados sin discriminación alguna por motivos de … identidades de género u orientación sexual, entre otros”.

El pasado 4 de febrero de 2021, el Presidente de los Estados Unidos de América (EE.UU.) emitió un Memorándum Presidencial a todos los Departamentos y Agencias adscritas al Ejecutivo sobre los derechos humanos de personas LGBTIQ+ alrededor del mundo. En este documento se retoman las directrices emitidas en el 2011 por la administración Obama y se disponen medidas adicionales. Igualmente, se establecen protecciones especiales para los refugiados y los solicitantes de asilo LGBTIQ+ (sección 2). Adicionalmente, autoriza a las agencias de los EE.UU. involucradas en el extranjero a adoptar sanciones financieras, restricciones de visas y otras acciones, cuando gobiernos extranjeros y sus funcionarios actúen para restringir los derechos de personas LGBTIQ+ o no hagan cumplir las protecciones legales vigentes (sección 4). Por último, hace un llamado a construir alianzas en la lucha contra la discriminación de las personas LGBTIQ+ con Estados y organizaciones internacionales con posturas similares (sección 5).

Las acciones del Estado panameño en el caso de la pareja jamaiquina contrastan con la tendencia internacional en cuanto al respeto de los derechos fundamentales de todos los seres humanos, incluyendo los de la comunidad LGBTIQ+. El Memorándum del Presidente Biden es claro en este sentido. Corresponde, entonces, a nuestras autoridades revisar la normativa vigente a nivel nacional e internacional en cuanto al tratamiento de todo solicitante de asilo y reevaluar su postura internacional en cuanto a los derechos humanos de los grupos en condiciones de especial vulnerabilidad.

El autor es abogado y profesor de derecho internacional



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