En manos de Asamblea Nacional proyecto para endurecer penas en delitos contra menores


Pese a que el presidente Laurentino Cortizo instruyó a la titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), María Inés Castillo, para que presente una iniciativa para aumentar las penas en los delitos sexuales en perjuicio de menores ya una subcomisión de la Asamblea Nacional (AN) tiene lista una serie de reformas al Código Penal y Procesal Penal, que incluye, sanciones más duras.

El proyecto, que incluye aportes de varios sectores, fue preparado por una subcomisión presidida por el diputado Juan Diego Vásquez, quien ha venido pidiendo a la junta directiva de la AN acelerar la discusión.

El anuncio de Cortizo se dio el pasado 17 de febrero, más de una semana después que una subcomisión legislativa, integrada por las diputadas Walkiria Chandler, Yesenia Rodríguez y Petita Ayarza, divulgara parcialmente un informe en el que confirman maltratos físicos, sexuales y psicológicos a niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado. Cortizo dio 15 días como plazo al Mides.

El informe de las diputadas que catalizó el escándalo fue presentado al Ministerio Público (MP) el 15 de febrero. El propio procurador, Eduardo Ulloa, recibió el documento y dijo que adelantan ocho investigaciones sobre albergues de niños.

En Panamá hay unos 50 albergues, en su mayoría administrados por agrupaciones religiosas, bajo la supervisión de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), una dependencia del Mides.

Diputado Juan Diego Vásquez, proponente. Archivo

¿Qué dice la reforma?

El proyecto preparado por la subcomisión de reformas penales y procesales busca, entre otras cosas, ampliar el capítulo III del Código Penal que trata sobre el abandono de niños y otras personas incapaces de velar por su seguridad y salud. Agrega al artículo 148 sanciones de 4 a 6 años de prisión para el servidor público que por omisión en sus funciones de salvaguarda de la salud, seguridad o integridad de un menor, lo ponga en situación de riesgo o peligro.

Además, adiciona al artículo 121 del Código Penal la no prescripción de los delitos contra la libertad sexual en cualquier modalidad.

A la vez se introduce un cambio al artículo 174 del Código Penal que trata sobre violación y otros delitos. Actualmente este artículo señala que “quien mediante violencia o intimidación tenga acceso carnal con persona de uno u otro sexo, utilizando sus órganos genitales, será sancionado con prisión de 5 a 10 años”. La reforma habla de 8 a 15 años.

Igualmente, se aumenta la pena para los agravantes. Por ejemplo, si la violación ocasiona daños psicológicos a la víctima la pena sería de 12 a 16 años. Actualmente es de 8 a 12 años.

También se aumenta la pena de 15 a 20 años de prisión para las personas que tenga acceso carnal con menores de 14 años de edad, con personas privadas de razón, que padezcan enfermedad física o mental o que por cualquier otra causa no puedan resistir el acto. Actualmente la pena va de 10 a 15 años.

Hay que recordar que la subcomisión que adelanta este proyecto nació a raíz de una petición del la Comisión de Estado Por la Justicia para que hacer una reforma integral al Código Penal y Procesal Penal.

¿Mientras tanto qué?

La diputada Chandler, en compañía del sociólogo Alonso Ramos, quien participó en la elaboración del informe del Legislativo, insistió ayer en el programa Radar de TVN en que una semana después que ellos presentaran la denuncia al MP, esta institución no ha tomado ninguna medida de protección en favor de las víctimas. Dijo, además, que los abusos e irregularidades vienen de varias administraciones presidenciales, porque quienes tomas decisiones en la Senniaf llegan a estos puestos por razones políticas y no técnicas.

Paralelamente, desde el pasado lunes la sede del Senniaf, en Calidonia, ha sido escenario de protestas diarias para exigir protección de los niños y que se sancione a los responsables administrativa y penalmente. Incluso este fin de semana de cuarentena hubo repicar de pailas en varios puntos de la capital.

El pasado viernes hubo tres personas arrestadas por “alteración del orden público”, que deben comparecer hoy, lunes, ante un juez de paz.

En tanto, durante la última semana la Senniaf ha hecho inspecciones en los diferentes albergues, pero no han dado detalles de los resultados.



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