Invasión, Canal y democracia | La Prensa Panamá


En esta nueva era, posinvasión, 31 años después de aquella catástrofe, con el Canal bajo soberanía nuestra y sin las ignominiosas bases militares, Panamá está llamado a desarrollar una relación de respeto mutuo y colaboración con Estados Unidos (EU).

Si existe compromiso para alcanzar el desarrollo socioeconómico y cultural, debe elevarse el nivel de la política, el diálogo y la participación. Y desarrollar una institucionalidad fuerte, en que la corrupción deje de ser un deporte y desde el Estado no se avale la impunidad.

Dos camiones descontrolados se acercaron en la política interna panameña y la exterior de EU. En 1985, el asesinato del dirigente Hugo Spadafora conmocionó Panamá y empezó a registrarse un deterioro del régimen político militar, instaurado en 1968, con el derrocamiento del presidente Arnulfo Arias.

Ese deterioro conllevó que las fuerzas opositoras se aglutinaran en torno a la Cruzada Civilista (de 1987), con gran poder de convocatoria, y que contribuyó con el triunfo electoral de la oposición en las elecciones de mayo de 1989, con el liderazgo del asesor del expresidente Arias, Guillermo Endara.

El régimen político militar se encontraba en modo aberración, con la responsabilidad por atropellos y abusos en las masivas protestas, y, ante el contundente triunfo opositor, no pudo concretar un fraude de las elecciones de mayo de 1989. Anuló las elecciones porque Endara le ganó 7 a 3 al candidato promilitar/perredé, Carlos Duque.

El general Noriega, líder en el poder, sostenía que él no aceptó la demanda del Gobierno de Reagan de que los militares panameños se involucraran en una estrategia denominada Irán-Contras, rocambolesco episodio desde esferas oficiales de EU, para derribar al Gobierno sandinista, en Nicaragua. Noriega desde su vida estudiantil en el Instituto Nacional fue un esforzado colaborador de servicios de espionaje norteamericanos. Como la CIA. No se sabe por qué en esta ocasión dijo que no.

Ese acontecimiento Irán-Contra, también conocido como Irangate (AFI: [‘irangeit]), de 1985 y 1986, implicó la venta de armas a Irán, país contra el cual pesaba un embargo armamentístico decretado por los propios EU, así como la utilización del narcotráfico para financiar a los grupos de insurgentes terroristas (la Contra, apócope de contrarrevolución) que se oponían al gobierno de Nicaragua. Ambas operaciones estaban prohibidas por el Senado de EU.

Desde entonces Estados Unidos empezó a presionar la salida de Noriega del poder, y a acusarlo de cooperación con un grupo narcotraficante colombiano, y en 1988 implantó sanciones económicas contra Panamá y congeló sus reservas depositadas en Nueva York.

Las elecciones generales de 1989 fueron el escenario perfecto para EU seguir su presión. Noriega y su régimen perdieron los comicios, pero no entregaron el poder.

Los militares norteamericanos probaron armamento (incluso el avión Invisible y helicópteros), como entrenamiento para la posterior Guerra del Golfo, y se encontraron con un enemigo sin poder de fuego.

Endara, en medio de la invasión, fue instalado presidente. Se restableció la democracia, de esa forma, sin el tutelaje militar/policial, se defenestró el ejército y se tomó prisionero a Noriega, quien debió cumplir condenas en EU, Francia y Panamá, hasta que falleció.

A diferencia de la hipótesis derivada de la invasión de 1989, EU honró los tratados suscritos en 1977, se desmantelaron las bases militares y se transfirió el Canal a Panamá el último día de diciembre de 1999, cuando se cumplía una década de aquel ataque, con 26 mil soldados.

El autor es docente, periodista y filólogo



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