La viabilidad de una advertencia de inconstitucionalidad contra la DGI


El pasado 3 de agosto, la abogada Shirley Castañeda, en nombre y representación del expresidente de la República Ricardo Martinelli Berrocal, interpuso una advertencia de inconstitucionalidad contra la carta de presentación de una auditoría, emitida por la Dirección General de Ingresos (DGI) el 21 de junio de este año.

Para considerar si este recurso es viable se necesita entender la naturaleza jurídica de la carta de presentación y del propio proceso de advertencia de inconstitucionalidad. En el Derecho Tributario panameño, la carta de presentación de una auditoría tiene los fines de una notificación personal y no está sujeta a los recursos. La carta es el medio por el cual la administración tributaria le informa al contribuyente que será auditado, se le indica el nombre de los auditores y, por supuesto, el alcance de la auditoría.

En lo referente a la advertencia de inconstitucionalidad, es importante saber que el artículo 2558 del Código Judicial establece que cuando una de las partes en un proceso considera “...que la disposición legal o reglamentaria” infringen la Constitución, tiene la potestad de interponer este recurso para que el funcionario competente se lo haga llegar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que esta lo decida. Este recurso no detiene el proceso administrativo judicial, dado que estos pueden avanzar hasta su terminación, para que esperen la decisión de la Corte.

Argumentos y contrasentidos

Los fundamentos de la advertencia de inconstitucionalidad son dos artículos de la Constitución Política, el 29 y el 32. El artículo 29 es el referente a la privacidad de las comunicaciones y es invocado por la jurista para cuestionar la carta de presentación de la DGI, en la que se indica que se examinarán archivos digitales de las computadoras del expresidente para verificar lo referente a sus obligaciones tributarias. La abogada Castañeda alega que una auditoría de la DGI, sin autorización judicial previa que examine los equipos y documentación de las empresas del expresidente, viola la misma norma constitucional del caso de los pinchazos.

En cuanto al artículo 32 de la Constitución, este es el referente al debido proceso. Nuevamente, se vincula a la necesidad de una autorización judicial previa, atribuyéndole a la jurisdicción tributaria las mismas cualidades que a la jurisdicción penal. Este argumento, de recibir respaldo, paralizaría por completo, no solo al sistema tributario, sino también a la Caja de Seguro Social (CSS) y a la jurisdicción aduanera, dado que todas estas siguen principios similares en sus procesos de auditorías.

Por medio de la Ley 70 de 2019, se estableció en Panamá el delito penal de la evasión fiscal para aquellos casos en los que en un mismo año se evadieran 300 mil dólares o más en obligaciones tributarias. En estos delitos, la DGI puede presentarle una denuncia al Ministerio Público (MP) para que este realice la respectiva investigación criminal. Esto significa que el titular de la acción penal es el MP, no la DGI. Por esta razón, este argumento no es aplicable.

La debilidad más importante de la advertencia de inconstitucionalidad de este caso es lo establecido por el artículo 2558 del Código Judicial: las advertencias de inconstitucionalidad solo pueden atacar normas jurídicas, ya sean legales, reglamentarias o sus equivalentes. La carta de presentación de la auditoría de la DGI no es una norma jurídica. En condiciones normales de la justicia este factor sería suficiente para que la Corte no admita la advertencia de inconstitucionalidad.

¿Y el fuero electoral penal?

El mismo 3 de agosto, la abogada Castañeda le hizo saber a la DGI que su representado tiene fuero electoral penal. Como el argumento de fondo de la impugnación constitucional contra la carta de presentación es la violación de derechos constitucionales por falta de autorización judicial previa, el argumento del fuero electoral penal, en esa misma secuencia lógica, la DGI tendría que pedir el levantamiento del fuero electoral penal para hacer una auditoría. Igual le pasaría a la CSS o a la Autoridad Nacional de Aduanas si se estableciera este precedente. Esto significaría que evasores del fisco, ladrones de las cuotas obreros patronales y contrabandistas podrían obtener fuero electoral penal para paralizar las respectivas auditorías que buscan hacerles cumplir sus obligaciones con el Estado y con sus colaboradores.

El artículo 304 del Código Electoral referente a los fueros electorales, dice:

“Artículo 304. Se consagra el fuero electoral para proteger a los actores del proceso electoral de medidas laborales, administrativas o judiciales dirigidas a obstaculizar, ya sea el ejercicio de una función electoral o de sus derechos políticos, según sea el caso”.

Por su parte, el artículo 305, en su último párrafo reconoce que: “[…] Se entiende que una persona adquiere la condición de procesada desde el momento en que de una investigación surjan méritos para responder judicial, policiva o administrativamente, siempre que se trate de casos que involucren la imposición de pena de arresto”.

La auditoría de la DGI es apenas una diligencia exhibitoria destinada a validar el cumplimiento de obligaciones tributarias. Es el comienzo de una investigación administrativa que no tiene carácter judicial. Si una vez efectuada la auditoría, en presencia del auditado y su equipo legal y tributario, el equipo de auditoría de la DGI concluye con un alcance, ya sea que se rechacen gastos o se agreguen ingresos, entonces en la resolución de la DGI, en que se indica el incumplimiento de una obligación tributaria, el afectado tendrá todos los derechos de recurrir dicho dictamen ante la propia DGI, luego ante el Tribunal Administrativo Tributario y posteriormente a la Sala Tercera de la Corte.

Esta ruta jurídica demuestra que la DGI no es parte de la jurisdicción penal. Esa institución quiere cobrar impuestos. A diferencia de lo que muchos panameños y panameñas vivieron entre 2009 y 2014, la actual jurisdicción tributaria está sometida al control de un Estado de derecho, por lo que el fuero electoral penal no sería aplicable.

Si en un acto de irresponsabilidad el Tribunal Electoral respalda la tesis de que la DGI debe solicitar un levantamiento del fuero electoral penal para continuar con su auditoría, dicha entidad perdería la última cuota de respeto y legitimidad que debe tener como guardián de la democracia.



MÁS INFORMACIÓN

SiteLock
Facebook