Ley para proteger a quien denuncie la corrupción


Después de varios meses de estar engavetado, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional aprobó en consenso el proyecto de ley 195, que adopta medidas de protección y regula la recompensa a los ciudadanos que denuncien ante las autoridades delitos contra la administración pública.

Tras una extensa negociación, la iniciativa, que impulsan los independientes Juan Diego Vásquez y Gabriel Silva, fue aprobada el miércoles en primer debate, y presentado ayer ante el pleno para segundo debate.

Le corresponderá ahora a los 71 diputados aprobar o rechazar la iniciativa, que establece que se recompensará y protegerá a los ciudadanos que aporten información “idónea, útil, eficaz y oportuna” que permita abrir una causa penal.

El documento también dispone que le reconocerá hasta el 25% del total recuperado por el Estado, “cuando los activos recuperados hayan entrado a formar parte efectiva del patrimonio del Estado”.

El pleno legislativo retoma sus debates el próximo lunes.

Recompensa para los que delaten corrupción

El proyecto de ley 195, que adopta medidas de “protección” y que regula la “recompensa” a los ciudadanos que denuncien delitos contra la administración pública, entró en la agenda del pleno de la Asamblea Nacional (AN).

Ayer, la diputada Corina Cano, secretaria de la Comisión de Gobierno, instancia que dio primer debate al documento, presentó ante sus 70 colegas, la propuesta que nació del consenso de los anteproyectos 192 y 195. El primero fue presentado por el panameñista Luis Ernesto Carles, y el segundo por los independientes Juan Diego Vásquez y Gabriel Silva.

Protección

Por ejemplo, establece que los ciudadanos podrán acudir al Ministerio Público, la Contraloría o la Defensoría del Pueblo a denunciar cualquier acto de corrupción del cual tengan información de “interés”. Añade que estas serán las instancias que darán trámite al proceso administrativo o penal, según sea el caso.

La propuesta deja claro que los mecanismos de protección se aplicarán “siempre que se haga una divulgación de información de interés público ante la autoridad competente, que tenga la pertinencia suficiente como para contribuir a la prevención, investigación o sanción de actos de corrupción”.

Además, se protegerá al grupo familiar del denunciante: cónyuge, pareja, ascendientes, hijos propios o de la pareja con la que conviva, al igual que a los hermanos, cuando sea necesario. Esto, con base en las medidas establecidas en el artículo 336 del Código Procesal Penal.

A estas medidas de protección no podrá acogerse un denunciante que haya sido acusado o juzgado como coautor de los mismos hechos sobre los que está ofreciendo información. Tampoco quienes proporcionen información obtenida lesionando derechos fundamentales.

En la propuesta de ley también se contemplan, al menos, cinco deberes que debe seguir el ciudadano que se encuentre bajo alguna medida de seguridad.

Entre ellas, coadyuvar con el Ministerio Público para comprobar los hechos revelados, así como cumplir con sus tareas y responsabilidades en la empresa o institución donde labora, siempre que no sea incompatible con las medidas de seguridad que se tomen en su favor.

Igualmente, se enumeran las represalias de las que puede ser víctima un testigo o denunciante, como el despido o suspensión del cargo.

Si, por alguna razón, el denunciante o los testigos actúan de mala fe y otorgan información o testimonio que atribuya falsamente la comisión de hechos ilícitos, se sancionará con lo dispuesto en el artículo 385 del Código Penal por el delito de falso testimonio, y deberá indemnizar al afectado. A su vez, no contará con las medidas de protección establecidas.

Recompensa

En la propuesta se enfatiza que solo podrán obtener una recompensa los ciudadanos que, sin ser autores de la comisión de delitos u actos de corrupción, testifiquen o interpongan denuncias apoyadas en información idónea, útil, eficaz y oportuna que permita a las autoridades abrir una causa penal.

De darse una información con todas las cualidades antes mencionada, al ciudadano se le reconocerá hasta el 25% del total recuperado por el Estado, “cuando los activos recuperados hayan entrado a formar parte efectiva del patrimonio del Estado”. Añade que “el porcentaje a reconocer dependerá de la utilidad y eficacia de la información brindada, determinado por la autoridad administrativa correspondiente”.

Esta es la segunda vez que al pleno legislativo se presenta un proyecto que busca que se recompense y proteja a quienes denuncian actos de corrupción en la gestión pública. En el quinquenio pasado, el presidente Juan Carlos Varela vetó una propuesta similar.



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