Los más vulnerables | La Prensa Panamá


Se dice que la grandeza de un país se identifica por la manera como defiende a los más vulnerables y en esto hemos fallado terriblemente en Panamá. ¡Cómo es posible que niños ya removidos de sus familias, precisamente por haber sido maltratados, son enviado a albergues y hogares en donde los siguen maltratando! Algunos logran escapar; otros permanecen hasta su mayoría de edad. Ni siquiera es factible una adopción rápida. Muchos pasan años atrapados en el sistema sin poder ser adoptados, aunque tengan padres acogedores. No es por falta de familias dispuestas a adoptar; sino por una burocracia eterna que es ciega al sufrimiento de estos menores. Las recientes noticas sobre el maltrato en albergues son la punta del iceberg.

Como psiquiatra y ciudadana, es mi deber y responsabilidad reportar el maltrato al menor. Pero, ¿y qué ocurre luego de reportarlo? Usualmente, muy poco o, peor aún, nada. Cuando laboré en el Hospital del Niño, llenaba las hojas de maltrato al menor de manera semanal. Luego se enviaban al departamento de Trabajo Social, quien las hacía llegar al Juzgado de Niñez y Adolescencia. Se suponía que para que ellos investigaran los casos. Pasaban meses y, en la mayoría de estos, no había movimiento.

Supongo que deben ser muchísimos los casos y los juzgados no se dan abasto, pero los casos reportados son solo una pequeña parte del problema mayor. Si el abusador es un familiar y abusa también del otro adulto en el hogar o depende de él para subsistir; no hay manera de enterarse. En los casos que sí llegan al juez, muchas veces los abusadores no son procesados o castigados, ya sea por falta de evidencia o por sobornos. Muchos niños y niñas terminan regresando a casa con sus abusadores y siendo re-traumatizados una y otra vez. Un trauma es suficiente para devastar a un individuo; traumas repetitivos les roba todas sus aspiraciones, deseos e inocencia, y limita su desarrollo intelectual, físico y emocional. La terapia puede ayudar, pero mucho mejor sería prevenir esta pérdida de potencial.

Necesitamos muchas cosas para mejorar esta situación. Hay que acabar con la burocracia a todo nivel; en este caso es aun más urgente, porque hay vidas en riesgo. Es necesario asegurar el bienestar del menor y sus demás familiares en riesgo desde el instante en que se reporta el abuso. Para esto necesitamos albergues que funcionen y sean inspeccionados semanalmente para prevenir abusos subsiguientes. El personal que labora en dichos albergues debe pasar pruebas psicológicas rigurosas y no tener historial de delincuencia.

Imprescindible es contar con profesionales de salud mental que asistan a diario para ayudarlos a superar sus traumas. Hay que asegurar que las denuncias se acepten y procesen de manera expedita, sin exponer al menor a repetir su historia y ser re-traumatizado innecesariamente.

Se requiere de un equipo interdisciplinario que trabaje de manera sincronizada y pueda realizar todos los exámenes requeridos en un solo día.

De allí, debe pasar rápidamente al juzgado para procesar a los abusadores. Hay que asegurar que estos cumplan sus condenas y reciban terapias y rehabilitación donde sea posible.

Finalmente, hay que expeditar el proceso de adopción para buscarles hogares cálidos a los niños en donde puedan sanar. Propongo que la re-estructuración del sistema se haga frente a la vigilancia de una comisión internacional de derechos humanos para asegurar que no caiga nuevamente en el olvido este tema tan importante.

Ciertamente como ciudadanos nos podemos poner de acuerdo, ya que esta es una causa digna de nuestro esfuerzo sin importar partido o nación. No podemos dilatar mas este problema, nuestro futuro está en riesgo.

La autora es paidopsiquiatra y vocal de la Sociedad Panameña de Psiquiatría de Niños y Adolescentes



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