Panamá, en la lista de la Unión Europea por desfase de tres años


Los ministros de economía y finanzas de los 27 países que integran la Unión Europea (UE) decidieron mantener a Panamá en el elenco de jurisdicciones consideradas díscolas en materia fiscal al que ingresó hace justamente un año. Una decisión que ha caído como un jarro de agua fría, sobre todo, porque no hay ningún examen técnico reciente que acredite dicho resultado.

El organismo europeo se basa en tres criterios básicos para separar los países que cooperan de los que no: el grado de equidad fiscal, que se incumple si el país bajo examen aplica medidas fiscales perniciosas contra países de la UE; la aplicación de medidas recomendadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para evitar la erosión de la base impositiva o prácticas de transferencia de beneficios; y el nivel de transparencia fiscal que para superarlo contempla otros tres requisitos: el intercambio automático de información para fines fiscales con los 27 países de la UE; haber ratificado la Convención Multilateral de Asistencia Mutua Administrativa para fines fiscales (“Convención MAC”) y haber sido calificado como, al menos, “cumplidor en gran medida” por el Foro Global de la OCDE en la práctica de estos intercambios.

Panamá incumple una de las partes de esta tercera condición exigida por la UE. O al menos esto han deducido las estructuras fiscales del bloque europeo.

La resolución que deja a Panamá en la lista negra se ha basado en la calificación del país como “poco cumplidor” otorgada por el Foro Global sobre Transparencia, el organismo de la OCDE que impone un marco de normas globales para erradicar los paraísos fiscales.

El principal problema es que el examen que determinó esta nota se apoyó en una evaluación de la capacidad del sistema panameño para intercambiar información bajo requerimiento previo durante el período comprendido entre el 1 de abril de 2015 y el 31 de marzo de 2018; es decir, con un desfase flagrante de casi tres años. Para realizar esta revisión publicada en 2019, la OCDE desplegó en el territorio panameño a técnicos de alto nivel que durante varios días visitaron la Superintendencia de Bancos de Panamá, el registro público, y la Dirección General de Ingresos (DGI) y se hicieron con informes redactados por las autoridades competentes. Nada de esto ha vuelto a suceder.

En lo que concierne al resto de requisitos requeridos por la UE, Panamá cumple con rigor con el resto. De hecho, desde 2018 intercambia eficientemente información de forma automática con los 27 países de la UE. Además, ha ratificado y mantiene en vigor el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal que prevé el intercambio de información fiscal de forma bilateral, pero no automática, con otras 121 jurisdicciones.

A través de estos acuerdos entre pares, Panamá garantiza que otorgará la información concreta solicitada en los plazos previstos. Asimismo, se ha adherido al Marco Inclusivo del Proyecto OCDE/G20 de lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS por sus siglas en Inglés) para asegurar que no se llevan a cabo prácticas perniciosas o carentes de sustancia económica.

Además, introdujo cambios en su legislación interna para adecuarse a los nuevos compromisos: la Ley 51 que establece el marco regulatorio para la implementación del intercambio automático de información fiscal con el fin de proteger la plataforma de servicios logísticos y financieros del país y la ley 52 que obliga a las sociedades panameñas con negocios internacionales a mantener registros contables en el territorio panameño.

Así como la estipulación de la evasión de impuestos como un delito precedente del blanqueo de capitales.

La UE actualizará nuevamente la lista sobre la transparencia fiscal en octubre. Actualmente Panamá también figura en la lista de países con deficiencias en sus sistemas para blindarse ante el blanqueo de capitales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).



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