Panamá necesita evaluación de la OCDE para salir de la lista negra de la Unión Europea


El director del Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE, Pascal Saint-Amans, reconoció que el examen sobre el grado de cumplimiento de Panamá con los estándares de transparencia fiscal publicado el 12 de noviembre de 2019 y que sirvió a la Unión Europea (UE) para mantener al país en su lista negra ofrece una fotografía que no se corresponde con la realidad actual.

“Sí. Se trata de una fotografía del pasado. Sabemos que las cosas están cambiando ahora”, reconoció el experto en política fiscal declaraciones a este periódico.

El Foro Global sobre Transparencia, el organismo de la OCDE concebido para dictar normas globales y erradicar los paraísos fiscales, analizó la capacidad del sistema panameño para intercambiar información fiscal bajo previo requerimiento durante el periodo de tiempo de 2015 a 2018. Los resultados fueron nefastos. El organismo con sede en París concluyó que Panamá cumplía solo ‘parcialmente’ ya que, a pesar de haber adoptado nuevas leyes y orientaciones administrativas destinadas a fortalecer su régimen fiscal, el marco legal establecido no era suficiente para blindarse en la práctica ante la falta de transparencia fiscal.

La OCDE identificó ciertas lagunas en el acceso a la información sobre los propietarios reales de las empresas radicadas en territorio panameño.

En concreto, el informe reprochó que la información reportada por los profesionales de los sectores financieros a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sobre las operaciones sospechosas no garantiza el acceso a “la identidad actualizada de los beneficiarios” reales de fundaciones privadas o asociaciones sin ánimo de lucro. Asimismo, especificó que la obligación de que las entidades panameñas que no tengan operaciones locales den información contable no está sujeta a supervisión y que, por lo tanto, tiene “un alcance limitado”. Y sobre el fin del secreto del beneficiario final en las acciones al portador, la OCDE apuntó que esta información “no siempre ha estado disponible cuando se ha solicitado”.

Sin embargo, estas conclusiones se extraen de un informe que arrastra casi tres años de desfase.

A este respecto, Saint-Amans refirió que para que la Unión Europea retire al país del elenco de jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal al que ingresó en febrero del 2020, Panamá debe obtener una calificación por parte de la OCDE de “cumplidor en gran medida” en el análisis de su capacidad para intercambiar información bajo requerimiento previo.

Para lograr una reevaluación de sus prácticas, llamada revisión complementaria, se deben cumplir varias condiciones. En primer lugar, debe haber pasado al menos un año desde la presentación del último análisis.

La última revisión técnica a Panamá fue publicada en noviembre de 2019.

En segundo lugar, Panamá tiene que demostrar no solo que ha acometido reformas que instauren sistemas de vigilancia más robustos, sino que en la práctica se garantice la disponibilidad de los datos sobre los beneficiarios reales y los registros contables; además de la implantación de un sistema administrativo sólido que ejecute el intercambio de información tributaria bajo previa petición de una autoridad competente, según establece el convenio sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal que entró en vigor en 2017.

Por último, el país deberá evidenciar que ha instaurado organismos de control para aplicar sanciones preventivas a los agentes residentes de entidades jurídicas panameñas que no realicen de forma correcta las medidas de debida diligencia.

La UE actualiza dos veces al año la lista. Según el calendario, el grupo técnico del bloque europeo debería revisar a Panamá en octubre de este año.



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