‘Panamá Solidario’ se estrella con la burocracia


El proyecto de ley número 356 sube y baja de posición en el orden del día de la Asamblea Nacional (AN) desde el 23 de julio de 2020. La propuesta del Ejecutivo, que implicaría una reducción de salarios de funcionarios de altos cargos del Gobierno, está a la espera de segundo debate desde hace casi seis meses.

La AN, controlada por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), se sienta sobre la propuesta mientras el país lidia con la pandemia por la Covid-19 (más de 4 mil 700 muertos y miles de trabajadores suspendidos o con jornada reducida).

Países de la región, como Costa Rica y Paraguay, han implementado iniciativas de reducción salarial para hacer frente a la crisis económica como resultado de la pandemia. En Panamá se dio la opción a los funcionarios, desde abril de 2020, de donar parte de su salario. Lo recaudado mediante ese esfuerzo, a la fecha, es poco en proporción con una planilla de más de $340 millones mensuales. A su vez, durante la pandemia el Estado ha contratado personal con altos salarios.

Cortizo y el vicepresidente Carrizo han asegurado que donan parte de su salario. R. Dibulet

‘Panamá Solidario’, aún sin el aporte real del sector público

A pesar de ser una propuesta del Ejecutivo, la Asamblea Nacional (AN) aún no avanza con la discusión del proyecto que implicaría una reducción de salario para funcionarios con altos cargos, en apoyo al Plan Panamá Solidario.

El proyecto de ley 356 fue presentado ante la AN por el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, el pasado 15 de julio y pasó su primer debate en la Comisión de Trabajo pocos días después. Pero el pleno, presidido por el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Marcos Castillero, no le ha dado segundo debate.

Según un informe de la Comisión, el proyecto se aprobó “por considerarlo bueno y necesario para incrementar los fondos del programa Panamá Solidario”. Durante su informe a la nación el pasado 2 de enero, el presidente Laurentino Cortizo desglosó el gasto de $994 millones para la entrega de bonos físicos, bolsas de comida y el vale digital.

¿Qué proponen?

La propuesta establece una reducción del 50% de su salario al Presidente y Vicepresidente de la República. Además, 25% a los ministros, viceministros, directores y subdirectores, administradores y subadministradores, secretarios generales, secretarios ejecutivos, gerentes y subgerentes, directores y subdirectores y asesores del Estado.

En septiembre de 2020, tras dos meses con el proyecto a la espera de debate, el vicepresidente de la Asamblea, Tito Rodríguez, aseguró “no saber” por qué no se le había dado la discusión. La propuesta pretende la reducción por un periodo de seis meses. “Pienso que a estas alturas debería estar un poco desfasado”, dijo.

En contraste, Costa Rica anunció el pasado 12 de enero una extensión de la medida de reducción salarial hasta el 30 de junio de 2021. Agustín Castro, ministro de Comunicación de ese país, calificó la acción como una “muestra de austeridad en el gasto público”.

Seis meses después de presentada la propuesta, Cortizo no fue particularmente firme al hablar del proyecto de ley el pasado 2 de enero. Mencionó que “no había pasado el trámite de los tres debates”, sin hacer un llamado a la bancada de su partido para que continuaran con el trámite legislativo.

Con orgullo dijo, sin embargo, que los funcionarios habían donado, desde abril de 2020 a la fecha, $1.8 millones en aportes salariales. Este monto es pequeño cuando se compara con la realidad del costo de la planilla estatal. Según el más reciente informe publicado por la Contraloría General de la República, la planilla tiene un costo de $379 millones al mes.

Con los funcionarios que habían aceptado bonos al inicio de la pandemia teniendo trabajo, Cortizo sí se mostró imperativo. “Si no van voluntariamente y donan, yo me encargaré de tomar las decisiones la próxima semana. Lo que ustedes han hecho, de aceptar bonos y bolsas, es no ser solidario”, dijo el 22 de abril de 2020.

No se sabe la cantidad de funcionarios destituidos o sancionados.

Un análisis de las planillas revela que la Presidencia de la República cuenta con 541 funcionarios más en diciembre de 2020 de los que tenía en marzo, al inicio de la pandemia. En total, es un aumento de $631 mil 866 en salarios mensuales. La Presidencia es superada en aumento de planilla solo por los ministerios de Educación y de Salud.

Durante todo el año pasado, marcado por una caída de los ingresos de alrededor del 30%, el Gobierno tuvo que hacer malabares para el financiamiento del programa Panamá Solidario y para ello tuvo que echar mano de traslados de partidas del presupuesto general del Estado y de préstamos con entidades multilaterales.

Ante este escenario, la Cámara de Comercio propuso recientemente la reducción de la jornada laboral en el sector público, particularmente en las instituciones que no están directamente implicadas en la lucha contra la Covid-19, para apoyar a las personas con contratos suspendidos.



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