Panamá y los datos abiertos de gobierno


Últimamente en nuestro país, cuando se aborda el tema del acceso a la información pública, se hace inevitable escuchar con más frecuencia sobre los datos abiertos de gobierno y su importancia para la rendición de cuentas y la transparencia estatal. Pero, ¿sabemos de qué trata este tema? ¿Servirán los datos abiertos de gobierno, para algo más que para la rendición de cuentas?

Las instituciones gubernamentales, en el ejercicio de su actividad y relación con los ciudadanos, generan información de todo tipo, ya sea presupuestaria y de gestión económica estatal, de educación, salud, medio ambiente, indicadores de consumos y necesidades básicas, entre muchos otros, que representan un insumo de información con gran potencial. Esta potencialidad se incrementa cuando, en la sinergia con la participación ciudadana y el uso de las nuevas tecnologías, se reutiliza esta información para la creación de políticas públicas dirigidas a sectores específicos y basadas en datos reales, ya que el trabajo con datos abiertos facilita el diseño, monitoreo y evaluación de dichas políticas públicas.

Tomando en consideración esto, desde el año 2011, muchos países han venido adoptando iniciativas dirigidas a la gobernabilidad desde los datos abiertos, mediante una iniciativa internacional multilateral conformada por diversos gobiernos, la academia, el sector privado, las ONGs y las organizaciones de la sociedad civil, conocida como la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés), de la cual la República de Panamá forma parte desde el año 2012.

Al adherirse a estas iniciativas internacionales, Panamá reconoce a los Datos Abiertos de Gobierno como una Políticas Pública de Transparencia, y emite el Decreto Ejecutivo No. 511, de 24 de noviembre de 2017, con el propósito de facilitar el acceso a la información de carácter público que genera el Estado, fomentando su uso y re-utilización, en pro de la transparencia, la interoperabilidad del gobierno, el mejoramiento y la innovación de los servicios públicos y la rendición de cuentas.

Pero, ¿cómo se viene materializando esta política en nuestro país? A través de la articulación gobierno-ciudadanos, con la participación de la sociedad civil y del sector privado en el Grupo de Trabajo de Datos Abierto de Gobierno (GTDA) que, desde su creación en el año 2019, viene trabajando como ente asesor independiente ad honorem de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) y la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) para la implementación y vigilancia de la política pública de datos abiertos de gobierno.

Con su trabajo, el GTDA busca que las instituciones del Estado puedan generar y poner a disposición de la ciudadanía información sin restricción de acceso (salvo las excepciones legales) para su libre uso, re-utilización y redistribución, creando así un impacto positivo en el aprovechamiento de la información para la colaboración, creación de nuevos productos y diseño de herramientas, con base en las demandas reales de la sociedad.

A nivel internacional, la OGP mide el avance de los compromisos nacionales adquiridos sobre la política de datos abiertos de gobierno, destacando en nuestro país una alta participación de las organizaciones de sociedad civil, en los procesos de apertura de datos.

Conociendo que en Panamá la apertura de datos en formato abierto es una política pública de obligatorio cumplimento para todas las instituciones gubernamentales desde el año 2017, dado que habilita una instancia de co-creación con los actores que representan los demandantes de los datos (periodistas, investigadores, desarrolladores y muchos otros); desde esta posición, no sólo exijamos conocer la información estatal relacionada con las planillas, viáticos y viajes; más allá, demandemos datos de valor, de los cuales podamos sacar provecho para el empoderamiento de comunidades, que los ayuden a visibilizar sus problemas locales y a elevar demandas que generen redes de cooperación a través de emprendimientos y desarrollos, que redunden en la reactivación económica, cambios educativos, más salud, y la tecnificación de distintos sectores, tan necesarios hoy en Panamá.

La autora es abogada y miembro del Grupo de Trabajo de Datos Abiertos de Gobierno por sociedad civil (APANDETEC)



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