Redes sociales: libertad, censura y límites, el debate


Jack Dorsey, fundador de de la red social Twitter, aseguró que si bien respalda el cierre de la cuenta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haber llegado a esta prohibición representa un “fracaso”. Así lo manifestó en un hilo de tweets publicados en su cuenta personal esta semana.

“Haber tenido que tomar estas acciones fragmenta la conversación pública… y crea un precedente que considero peligroso: el poder que tiene un individuo o una corporación sobre una parte de la conversación pública global”, tuiteó el pasado miércoles 13 de enero.

El viernes 8 de enero, Twitter anunció la expulsión permanente de Trump de la plataforma por considerar que sus mensajes incitan a la violencia. La decisión se tomó dos días después de que partidarios del presidente saliente irrumpieran en el Capitolio, en Washington, donde protagonizaron enfrentamientos con agentes de seguridad y vandalizaron el edificio. En los incidentes murieron cinco personas, entre ellas, un policía.

Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió un comunicado en el cual resalta su Declaración de Salta sobre el Principio de Libertad de Expresión en la Era Digital. La SIP considera que el documento es relevante en la discusión sobre el papel y la responsabilidad de los operadores de las plataformas de internet en el “sostenimiento de la libre expresión”.

Durante una conversación virtual, llevada a cabo por directivos de la SIP y expertos en el tema de libertad de expresión y derecho, se cuestionó el alcance que pueden tener las corporaciones privadas ante estos escenarios.

En un planteamiento similar al de Dorsey, el presidente de la SIP, Jorge Canahuati, cuestionó si una empresa privada, con características de red pública por su alcance y masividad, puede decidir sobre los temas de debate público o, incluso, la capacidad de censurar voces.

De hecho, la Declaración de Salta, elaborada por la SIP en 2018 y firmada en octubre de 2020 por el presidente, Laurentino Cortizo, define en el punto cinco la “censura previa”.

Canahuati resalta que el bloqueo indefinido a las expresiones de una persona pública, como fue el caso de Trump, implica censura previa. En estos casos, dice, se infieren delitos o faltas que todavía no ocurrieron.

Durante la conversación que moderó la SIP, los exponentes recalcaron repetidas veces la importancia de separar el debate sobre la libertad de expresión en la era digital de las acciones recientes del presidente Trump.

Gustavo Mohme, expresidente de la SIP, asegura que con la expulsión de Trump no se resuelve el problema, y considera, que a su juicio, se afecta “modularmente” la libertad de expresión, pues la censura limita a sus seguidores de recibir información.

Durante la discusión, Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de prensa e Información de la SIP, manifestó que las normas que suelen aplicar estas plataformas “no son tan imparciales como ellos dicen”.

Agregó que estas se aplican en función del peso o de la realidad política del momento y considera que lo sucedido en el Capitolio el pasado 6 de enero es evidencia de esto.

Jornet pidió “no ser ingenuos”, y recordó que estas corporaciones que existen como plataformas digitales de información hacen negocio, por lo cual, la realidad política juega un papel importante en la toma de decisiones.

La conversación cerró con un llamado a la autorregulación por parte de estas plataformas digitales. La SIP teme que, como respuesta a las acciones tomadas por Twitter y otras plataformas digitales, se active una “carrera legislativa desenfrenada” por regular la libertad de expresión en el área digital. La Declaración de Salta establece esta regulación como una de las mayores amenazas en la era digital.

A Trump le queda menos de una semana de presidencia y su expulsión de Twitter y otras plataformas parece ser permanente.

La canciller alemana, Ángela Merkel, calificó de “problemático” el precedente, en línea con lo planteado por Dorsey en sus recientes declaraciones.



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