Rosendo Rivera reclama $50 mil a Ricardo Martinelli en una demanda


Un nuevo elemento se suma a la batalla legal entre las víctimas del caso ‘pinchazos’ y Ricardo Martinelli. Ahora el abogado Rosendo Rivera, una de las víctimas demandó a Martinelli por supuestos daños y perjuicios. Reclama $50 mil.

La demanda presentada por el abogado David Cuevas, en representación de Rivera, surge luego de que el Ministerio Público desestimó una querella presentada por Martinelli contra Rivera por la presunta comisión de delitos contra el honor.

Los argumentos

Según la acción legal presentada por Cuevas, la querella de Martinelli contra su cliente (del 7 de junio de 2019 ) era “temeraria” y de “mala fe”. En ese documento explicó también que la Fiscalía de la Sección de Decisión y Litigación Temprana del Ministerio Público archivó el proceso (febrero de 2020) al considerar que los hechos querellados no constituían delito contra el honor.

Cuevas también alega que el Ministerio Público además argumentó que Martinelli actuó con “temeridad, mala fe, y abuso de derecho de litigio, ya que el objetivo de su acción era intimidar y causa daño a Rivera”. Todo eso, a juicio de Cuevas, ocasionó a Rivera daños y perjuicios de orden moral, psicológico y material.

En 2012, mucho antes del caso ‘pinchazos’, Rivera representó legalmente a Martinelli en dos procesos: uno contra Balbina Herrera, y otro contra el expresidente Juan Carlos Varela, en medio de la trama Finmeccanica.

Se podría decir que el recurso de Rivera contra Martinelli es consecuente con la estrategia del propio Martinelli para enfrentar a los actores de los ‘pinchazos’.

Luego de que el Tribunal de Juicio lo declaró “no culpable, ” interpuso una serie de acciones legales. Por ejemplo, en junio de 2020, presentó una denuncia contra el exmagistrado Harry Díaz por el delito de colusión, y solicitó un resarcimiento de $10 millones.

Díaz actuó como magistrado fiscal, cuando el proceso estaba en la Corte Suprema de Justicia. También denunció al exmagistrado Jerónimo Mejía por supuesto abuso de autoridad y extralimitación de funciones y, al igual que a Díaz, le reclama $10 millones.

Mejía actuó como juez de garantías en la fase intermedia del proceso, cuando se encontraba en la Corte. No fueron las únicas acciones legales contra estos dos juristas. En noviembre de 2019, los querelló por supuesto abuso de autoridad y reclamó $5 millones a cada uno.

Además, presentó una demanda civil por $ 30 millones contra Mitchell Doens, otra de las víctimas de los pinchazos. Carlos Herrera Morán, abogado de varios de los querellantes en proceso, también fue demandado por $5 millones.

Un giro

El proceso por supuesto espionaje político durante la era de Martinelli dio otro giro el pasado 20 noviembre, cuando el Tribunal Superior de Apelaciones revocó un fallo del Tribunal de Juicio que el 9 de agosto de 2019 lo declaró no culpable de los delitos de interceptación ilegal de las comunicaciones y seguimiento sin autorización judicial, al igual que de peculado. Ordenó realizar un nuevo juicio, pero con otros jueces.

Las magistradas Donaji Arosemena y Yiles Pittí, que estuvieron a favor de anular la sentencia, señalaron, entre otras cosas, que el Tribunal de Juicio no valoró el testimonio dado por el testigo protegido, pese a que este dio detalles pormenorizados de la operación en un edificio del Consejo de Seguridad Nacional, donde un grupo de agentes realizaba escuchas telefónicas y daba seguimiento a una larga lista de personas.

Mientras que la Segunda Oficina Judicial del sistema penal acusatorio (SPA) fijó para 22 de junio de 2021 la nueva fecha de juicio a Martinelli.

Luego de esta decisión, los abogados de los querellantes presentaron una solicitud de audiencia para la aplicación de medidas cautelares al exmandatario con el propósito de que se garantice su presencia en el juicio de junio. Pero esta petición no ha sido resuelta. Paralelamente los abogados de Martinelli presentaron una denuncia ante la Asamblea Nacional contra la magistrada María Eugenia López, presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. La acusan de la comisión de delitos contra la administración de justicia y la administración pública, por presuntamente haber influido para que se alterara el calendario de audiencias del SPA y se fijará una fecha de juicio sin respetar la existencia de otros juicios previos.



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