Seguridad jurídica | La Prensa Panamá


Se menciona insistentemente la inversión de capitales privados como un remedio para la crisis económica que nos han traído las desaconsejadas medidas impuestas por el gobierno a raíz de la pandemia. Hasta se nos amenaza con la creación de un nuevo esperpento burocrático (otra carga para el desbaratado presupuesto nacional)—la “Autoridad Nacional para la Atracción de Inversiones y Promoción de Exportaciones de Panamá” (ProPanamá)—cuyo propósito sería el de impulsar al país como sitio idóneo y seguro para invertir (La Prensa, 30 de enero).

Como todo discurso demagógico, esta soflama gubernamental no se concilia con la realidad de un país donde una maraña de leyes y trabas burocráticas—malamente concebidas y redactadas—dificultan las actividades productivas; donde quienes deben aplicarlas solo piensan en coimear; donde lo que impera no es la seguridad—sino la inseguridad—jurídica; y donde el sistema judicial, teóricamente a cargo de dirimir las controversias conforme a la ley, no es más que una vulgar taquilla integrada por tracaleros que venden sus fallos al mejor postor.

No en vano afirmó la embajada estadounidense, en un cable confidencial, que los magistrados administran justicia en Panamá como si fuera una actividad criminal (“Crudely put, the Justices run the Court as a racket”, Wikileaks, 22 de julio de 2005).

¿Cómo pretende el gobierno fomentar la inversión de capitales en un país donde no hay seguridad jurídica ni respeto por la propiedad privada? La invasión de tierras—impulsada por bandas organizadas, promovida por los propios funcionarios y facilitada por las fuerzas de seguridad y el órgano judicial—basta y sobra para ilustrar semejante desarreglo.

Según La Estrella de Panamá (25 de octubre de 2020), el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial identificó “395 comunidades que han surgido por las invasiones de tierras y que no están legalizadas.” La mayoría de las invasiones (266, o 67%) se encuentra en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, incluyendo la cuenca del Canal, donde ocupan, al menos, unas 175 hectáreas de la cuenca del canal (La Prensa, 26 de diciembre de 2020).

En su inmensa mayoría, estas invasiones no son efectuadas por personas genuinamente necesitadas de vivienda, sino por traficantes y especuladores que organizan ocupaciones de terrenos particulares, para luego venderlos. A sabiendas de que los mismos tienen dueños legítimos, los cabecillas de estas redes incitan a sus clientes a edificar casas sin ningún tipo de planificación y a ocupar edificaciones existentes en dichas propiedades.

De esta manera, usurpan los derechos de sus propietarios conforme a la Constitución, cuyo artículo 47 garantiza la propiedad privada adquirida conforme a la ley. Evidentemente, el ejercicio del derecho a la propiedad privada debe ser supeditado, en casos específicos, a la atención de necesidades sociales urgentes, pero todo proceso de expropiación con estos fines tiene que efectuarse “mediante juicio especial e indemnización”, de acuerdo con lo que indica la propia ley fundamental (Art. 48).

La oratoria chapucera que avala las invasiones de tierras se ampara en la función social que, conforme a la Constitución, debe cumplir la propiedad privada. Lo que no dicen los traficantes y los funcionarios que a todos los niveles los patrocinan—desde los jueces de paz hasta los ministros de Estado—es que la función social debe ser determinada mediante un procedimiento establecido en la ley y realizada por el gobierno, de manera ordenada, atendiendo necesidades de salubridad y dignidad humana, en cumplimiento de lo que señalan la carta magna y la legislación vigente.

Menos aún admiten que las invasiones que tienen lugar en el país constituyen una burda práctica especulativa llevada a cabo por facinerosos, aupados por cargos de elección popular y funcionarios con aspiraciones electoreras. No dicen que las ocupaciones ilegales nunca afectan a los acaparadores de tierra más poderosos del país (como el sempiterno diputado bocatoreño ahora convertido en gran latifundista), porque ellos tienen cómo defenderse, así sea tomando la ley en sus propias manos y desbaratándoles las casas brujas a los precaristas que osen penetrar sus propiedades.

Afectan, eso sí, a los dueños sin influencias y sin posibilidades de hacer valer sus derechos frente a las mafias usurpadoras de tierras que cobran a sus clientes por la asignación de lotes en predios invadidos. Bien lo sabe el ministro de Vivienda, quien días atrás insistió que “la necesidad habitacional no puede afectar el derecho al libre ejercicio de la Propiedad Privada que consagra la Constitución Política de la República de Panamá en su artículo 47 y que, como institución estatal, el Ministerio está en la obligación de respetar y defender” (MIVIOT, 12 de febrero).

¿Qué inversionista se atreverá a poner su confianza en un país en el que no hay seguridad para los propietarios que no contribuyan a los cofres electoreros del PRD y paguen coimas a los corruptos organismos de seguridad? Seguramente, este problema figura entre las prioridades del deslumbrante “ministro consejero para la facilitación de la inversión privada”, cargo inexistente en la estructura burocrática del Estado panameño hasta que Cortizo y Carrizo llegaron a encandilarnos con su pericia administrativa y buen gobierno.

El autor es politólogo e historiador y dirige la maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá.



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