Solo una condena por los procesos vinculados al PAN


Solo una condena ha logrado el Ministerio Público (MP) en medio de las investigaciones por delitos contra la administración pública vinculados al extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN).

De, al menos, 14 casos que investigaron fiscalías anticorrupción, hubo condena en el de la compra de llantas ($110 mil 948), en el cual se sentenció al comerciante Charles Sadat Bonilla a seis años y medio de prisión y se responsabilizó a los exfuncionarios del PAN, Edwin Serracín y Ana Andrión a cuatro años de cárcel.

Sin embargo, a estos dos últimos se les reemplazó la pena por multas. En esta investigación, el exdirector del PAN Rafael Guardia Jaén no fue a juicio porque pactó un acuerdo.

El resto de los casos ha sido desestimado a través de sobreseimientos o con la anulación de los expedientes. Los que siguen activos esperan fecha de juicio, fallos o que se resuelva alguna apelación.

El pasado miércoles 7 de abril, el Ministerio Público dio a conocer que el Segundo Tribunal Superior revocó un fallo del Juzgado Décimoquinto Penal, y llamó a juicio al exdirector del PAN Giacomo Tamburrelli; al excandidato a diputado Heriberto Yunito Vega, y a tres personas más.

El laberinto jurídico de los casos del PAN

El miércoles 7 de abril, día en que el país se enteró de que Adolfo Chichi De Obarrio, uno de los protagonistas de los casos de corrupción en el antiguo Programa de Ayuda Nacional (PAN), había sido capturado en Milán, Italia, el Ministerio Público (MP) dio a conocer una noticia relacionada, precisamente, con esos expedientes.

DAS

Después de los escándalos en el PAN, el gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019) cerró esa entidad y creó la Dirección de Asistencia Social (DAS), que está bajo el paraguas del Ministerio de la Presidencia. El jefe de esa institución es Israel Rodríguez, quien dirigió el Fondo de Inversión Social en el gobierno de Martín Torrijos (2004-2009), entidad que también fue clausurada por escándalos de corrupción, y fue así como nació el PAN, en la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014). El DAS tiene su propio presupuesto, y el decreto que lo creó fue modificado en 2020 para que su director pueda contratar directamente, y si los contratos pasan de $300 mil deberán tener el visto bueno del ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo.

El Segundo Tribunal Superior revocó un fallo del Juzgado Decimoquinto Penal y llamó a juicio al exdirector del PAN Giacomo Tamburrelli, al excandidato a diputado por Cambio Democrático Heriberto Yunito Vega y a otras tres personas más.

Se trata de una investigación por presunto peculado por supuestas anomalías en proyectos viales en la provincia de Herrera con fondos del PAN. El tribunal cuestionó la posición del exjuez quinto penal Leslie Loaiza, quien en agosto de 2018 sobreseyó a los imputados alegando que no existía una auditoría de la Contraloría que certificara una lesión patrimonial. Pero el tribunal argumentó que la fiscalía aportó a la investigación informes periciales de ingenieros y arquitectos que revelaron que las obras nunca se concluyeron, por lo que decidió revivir el caso. Habrá juicio, aunque la fecha aún de desconoce.

Cinco años o más

Esta, junto a la pesquisa por la compra de llantas ($110 mil 948) en la que se logró condena para los implicados, han sido de las pocas causas judiciales con fallos desfavorables a los acusados.

PAN

A pesar de que se iniciaron hace más de cinco años, buena parte de los procesos del PAN aún no tienen desenlace. Están a la espera de que juzgados, tribunales, o la propia Corte Suprema de Justicia resuelvan recursos de apelación o se les asigne fecha de juicio. Otros, en tanto, se resolvieron a favor de los procesados luego de que se dictara sobreseimiento provisional o definitivo.

En la mayoría de los procesos judiciales del PAN hubo allanamientos, sonadas indagatorias, delaciones, y detenciones. Se investigó malversación de dinero público, estafa, falsificación de documentos y blanqueo de capitales.

Dos de los que esperan que se resuelvan recursos de apelación presentados por el Ministerio Público, después de que se sobreseyera a los implicados, son los que tienen que ver con la compra de comida deshidratada ($44.9 millones) y el de la adquisición de mochilas ($14.2 millones). En ambos se vinculó a ministros de la administración 2009-2014 (Ricardo Martinelli), a funcionarios del PAN y a comerciantes.

El MP también apeló los fallos que decretaron la nulidad: helicópteros ($10.1 millones), bolsas con comida ($33.2 millones). También hubo sobreseimiento en la compra de bolsas navideñas ($5.1 millones). Se desconoce si la fiscalía apeló.

Mientras, están en la fila, a la espera de que se les asigne fechas de audiencias o juicio, los casos de la compra de granos ($12.3 millones); el de supuesto peculado en la compra de equipos de espionaje ($13 millones); el otro caso de la comida deshidratada ($14.5 millones), y el de las obras en la provincia de Herrera, proceso en el que recientemente el Segundo Tribunal revocó el fallo del juez que liberó a los implicados.

El delator

Rafael Guardia Jaén, exdirector del PAN, y Chichi De Obarrio son mencionados en varios de estos procesos. Fue Guardia Jaén quien confesó ante las fiscalía las estrategias usadas para esquivar procesos, amañar licitaciones y vender productos al Gobierno con supuestos sobreprecios.

Guardia Jaén fue quien contó el crucial papel que tuvo Chichi De Obarrio en la trama. Era el hombre que decía cómo había que contratar, a quiénes y cuánto había que pagar. Pero Guardia Jaén no es el único exdirector del PAN ligado a estos casos. Los reflectores también están sobre Giacomo Tamburelli.



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