Tribunal confirma condena de prisión a Patria Portugal


El Segundo Tribunal Superior confirmó la condena a ocho años de prisión impuesta el 25 de mayo de 2020 por el entonces Juzgado Octavo Penal a la exdefensora del pueblo Patria Portugal por el delito de peculado.

Así consta en un edicto colgado en la sede del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales.

El fallo del Segundo Tribunal –dictado mediante auto No. 16 del 12 de marzo de 2021–, también ratifica la pena accesoria de inhabilitación por 48 meses para el ejercicio de funciones públicas una vez cumplida la pena de prisión.

Las investigaciones del caso, efectuadas por la Fiscalía Anticorrupción de Descarga, guardan relación con dos contratos que Portugal suscribió como defensora del Pueblo (abril de 2011-julio 2013), uno de ellos con la empresa Imaginarium Studio, S.A., por un monto de $249 mil 845, para el rediseño de la página web de la entidad, y el otro por $199 mil 983, para capacitaciones, adjudicado a la empresa En Avant , S.A.

El caso salió a la luz pública a raíz de una investigación periodística de La Prensa. En consecuencia, la entonces jefa de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Abigail Benzadón, (2013), y el abogado José Antonio Moncada presentaron una denuncia ante el Ministerio Público. Las denuncias fueron acumuladas en un solo proceso.

De acuerdo con la fiscalía, los requisitos que debían cumplirse para el rediseño de página web, aplicados a las entidades gubernamentales, no se cumplieron en este contrato. Además, funcionarios de la entidad declararon que podían realizar el trabajo, por lo cual era innecesaria la contratación.

En agosto de 2013, la Asamblea Nacional removió del cargo a Portugal a raíz de la denuncias presentadas. En ese momento, la Comisión de Credenciales de la Asamblea recomendó remover del cargo a Portugal por haber incurrido en la causal de negligencia notoria en el desempeño de sus funciones, y por haber perdido la confianza del Órgano Legislativo.

La defensa de Portugal, a cargo del abogado Rogelio Cruz, negó los cargos y alegó que los contratos fueron suscritos de acuerdo con la ley. Añadió que las acusaciones eran infundadas.



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